Tríptico

José Bruno del Río

Dejando algo en casa

Como un oasis en medio de la tormenta, don Carlos Slim participó y ganó a compañías como Ingenieros Civiles Asociados (ICA) y a la española Obrascon, importante concurso para construir y explotar un paquete carretero que transformará Sinaloa y en alguna forma contrarrestará en algo, la llegada de cuarenta mil electricistas que engrosaran al enorme ejército del desempleo que amenaza peligrosamente la estabilidad política y la paz social en México. Aunque don Carlos debe tener a buen recaudo sus millones en el extranjero, es buen ejemplo para quienes también lo hacen y no invierten en el país que los ha brutalmente enriquecido.

IMPORTANTE RESOLUCIÓN

Un importante y trascendental pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por las implicaciones que puede tener en el futuro, fue dictada el pasado miércoles, pues seguramente recordará usted, amble lector, los terribles disturbios que ocurrieron en la ciudad de Oaxaca en el año de 2006 cuando chocaron integrantes del Sindicado Nacional de Trabajadores de la Educación con sus colegas disidentes, conflicto que creció y motivó la intervención de fuerzas policiacas con graves actos de violencia contra la población, cientos de lesionados, heridos y varias muertes derivadas de este problema.

En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró al Gobernador de Oaxaca, Ulises Ruíz, responsable de la violación grave de una serie de garantías individuales durante el conflicto magisterial, político y social que se vivió en la capital de su Estado, de mayo de 2006 a enero de 2007. Pero determinó que ni el expresidente Vicente Fox ni algún integrante de su gabinete son culpables de dichas violaciones, decisión injusta pues la policía federal no se mueve en casos graves sin la autorización presidencial, lamentando que a pesar de los gruesos muros de la Corte haya penetrado la política.

La Corte concluyó que durante este periodo se violaron de manera grave los derechos al acceso a la justicia, a la integridad personal, a la vida, a la paz y al acceso a la información de la población de la capital oaxaqueña y de los municipios conurbados. Además de las garantías a la libertad y a las libertades de tránsito, de trabajo, de pensamiento y expresión, de educación y de propiedad.

Todas esas violaciones, concluyó el Pleno del máximo tribunal por siete votos contra cuatro, se cometieron tanto por las decisiones erróneas que tomó el gobernador para resolver el conflicto y que, por el contrario, lo incentivaron, como por las acciones que omitió adoptar para proteger a la población, según informó el vocero Carlos Avilés.

LA LIBRÓ FOX

Por una parte, el Presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, dijo que “el reproche fundamental es que no se cuidó el orden público en la ciudad, y que esta omisión que, fundamentalmente la veo a cargo del gobernador, dio como resultado que el desorden generalizado produjera por parte de los particulares (los manifestantes de la APPO) la afectación de derechos humanos fundamentales”. El Ministro Juan Silva Meza también destacó el hecho de que “la responsabilidad del gobernador del estado en la violación de los derechos humanos de los agredidos (de la APPO), como encargado de la seguridad pública en el estado es irrefutable”.

Una minoría, integrada por los ministros José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan Silva Meza y José Ramón Cossío, pidieron que se responsabilizara también de la violaciones al expresidente Vicente Fox Quesada y a funcionarios de su gabinete, pero la mayoría se opuso.

La Suprema Corte emitió esta decisión al ejercer la facultad que le confiere la Constitución para indagar violaciones graves de garantías constitucionales. La investigación la inició el 27 de agosto de 2007, a petición de la Cámara Alta y estuvo a cargo, al principio, de magistrados federales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con lo establecido en artículo 97 de la Constitución, solo puede hacer la indagatoria para conocer la verdad de los hechos y señalar a las autoridades responsables de violar de manera grave las garantías de la población, y no puede establecer sanciones. Dicha decisión la tendrán que adoptar las autoridades a las que les remita las conclusiones de su indagación. Es decir, tocará a los legisladores, a la PGR y al gobierno federal determinar si le fincan algún tipo de responsabilidad penal, política, civil o administrativa al Gobernador Ulises Ruíz.

Como afirma Avilés, dichas conclusiones sólo tienen el carácter de una recomendación, al final la decisión de la Corte podrá o no ser tomada en cuenta. Pero el informe de la Suprema Corte quedará registrado para la historia como la versión oficial de lo que ocurrió en Oaxaca.