Editorialista

Marco Antonio Bernal

¿Diálogo o estrategia de imagen pública?

El Presidente de la República, decidió finalmente cambiar su estrategia de comunicación e interlocución con la sociedad y con diversos actores políticos respecto de su controvertida estrategia de seguridad, aparentemente el diálogo que se busca desde la presidencia con los ciudadanos sobre el crimen organizado y la guerra anti-narco, no es más que un montaje para legitimar acciones que carecen de estrategias de fondo. Así, nos encontramos como siempre ante un diálogo de sordos, que es más mediático y superficial, que lejos de corregir las acciones del gobierno busca solamente legitimarlas para satisfacción de su propia vanidad personal.
El Ejecutivo Federal ha confundido las debilidades y las ineficiencias de su lucha contra el narcotráfico, en lugar de generar una estrategia que parta de auténticos principios de inclusión y apertura, ahora se ha concentrado en una nueva coartada de comunicación que no contribuye a remediar la crisis de seguridad en la que estamos inmersos. Esta lucha no se puede ganar llamando a la unidad y al poder de la sociedad civil para respaldar sus acciones, requiere de estrategias que disminuyan la violencia y desvanezcan el miedo que siente la sociedad, y sobre todo, urge que vaya acompañada de una verdadera reforma al sistema de procuración de justicia.
La sociedad más que justificaciones legitimadoras requiere información real y objetiva sobre los cauces de esta lucha, que permitan construir diagnósticos sensatos y asertivos. Los ciudadanos están ávidos de escuchar un replanteamiento de este combate al narcotráfico y una reflexión sobre los aciertos y desaciertos del mismo, es claro que no se pide dejar de cumplir la obligación de implementar un estado de derecho, sino hacerlo de frente a la sociedad en su conjunto. No se quieren más discursos que subrayen la falta de escrúpulos del enemigo, se desean políticas de seguridad acertadas que se alejen de finalidades mediáticas y construcciones heroicas, es claro que es una batalla que no debe dar solamente el Ejecutivo Federal, pero es importante que se imponga este liderazgo con respecto a todas las instituciones políticas del país.
Prueba de la desarticulación del Gobierno Federal en la materia, lo tenemos en el tema de inteligencia nacional donde se evidenció la diferencia de datos presentados por el Cisen y la PGR en estas semanas, el primero reportó 28 mil asesinatos vinculados al crimen organizado, mientras que el segundo hace apenas unas semanas reportó 3, 200 menos. Es vital que al menos la información sea veraz para poder determinar líneas de acción específicas, prever escenarios, plantear metas y delimitar la capacidad de operación de las fuerzas del Estado.
Es evidente que los grupos del crimen organizado cuentan con tecnología e inteligencia bastante afinada y que son capaces de encontrar blancos ideales para desencadenar un mayor debilitamiento del Estado, es por esto que la principal institución de inteligencia del país debe demostrar que domina el campo de la información.
Desafortunadamente, el problema de la seguridad en el país, es sólo una pieza del problema estructural que nos amenaza, esto sin duda, se debe a una falta de políticas públicas consistentes y eficaces que contribuyan a disminuir los alarmantes índices de pobreza, desempleo, falta de servicios de salud y escolaridad. Cada uno de estos problemas, no puede más que alimentar una cadena de ilegalidad que posteriormente desemboca en criminalidad.
No sólo es fundamental replantear la estrategia de combate al crimen organizado, sino ver el fondo de este agudo problema estructural y comenzar a trazar las políticas que lleven a resolverlo con visión de Estado. La toma de decisiones puede ser más acertada cuando se tiene mayor información y estudio de los escenarios que puedan presentarse.